El pasado 14 de diciembre publicaba José García Domínguez un artículo en Libertad Digital, titulado, Derecho a la pereza, que finalizaba de esta manera:
“Que ha entrado en barrena la normalidad democrática en España, lamentan, en fin, los de más allá, queriéndose muy sensatos. Y todo por esa incapacidad crónica para sobreponerse al bostezo, por la ancestral desidia que les impide agotarse durante cinco minutos con la lectura del Real Decreto de marras. Y más en concreto, con la de su artículo segundo, el que define el minúsculo, insignificante, ridículo ámbito espacial afectado por el estado de alarma. Ése que reza literal: "La declaración de estado de alarma afecta, en todo el territorio nacional, a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)". Única y exclusivamente. Grande Lafargue.”
Lástima que no lo pudiera haber leído antes, porque entonces me hubiera quedado muy tranquilo durante los días nefastos de principio de diciembre: sólo las torres de control y los centros de control.
Así, me hubiera ahorrado leer los decretos y las leyes, y escribir
«El punto d del artículo dice:
“Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.”
Está claro que estos servicios no son necesariamente los que han justificado el establecimiento del Estado de Alarma que sí son mencionados en el apartado e. Por tanto, pueden ser otros. Por ejemplo, el servicio público que desarrollan empresas privadas en el ámbito de la comunicación (radio y televisión, en particular, que se ejercen en modo de concesión, y que por tanto son revocables).
Tal vez más de un gabinete jurídico de muchas empresas de radio y televisión tendrían que estar revisando con lupa los pliegos de condiciones y los contratos de concesión que les amparen, por si la letra pequeña les remite en algún momento a alguna situación de legalidad vigente en la que sus contratos ya no les amparen,… sólo Dios.»
Hasta… hasta, justo, una semana después.
El martes 21 se aprobaba una reforma de la Ley Electoral, por la que “las emisoras de titularidad privada deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales”. Y esta obligación se ampara en el hecho de que las emisoras hacen uso de concesiones de la administración por tratarse de un servicio público.
Es lo que tiene la pereza, que en seguida alguien se te adelanta, y te gana la partida.
No como los controladores, que no tienen nada de perezosos, porque habida cuenta de que el Estado de Alarma sólo afecta a las torres de control (y por tanto, la jurisdicción militar, según los comentarios que entonces se hicieron), ¿qué les mueve a irse desde su casa, por las calles o carreteras, hasta las torres de control, y, con el inicio del turno de trabajo, ponerse, voluntariamente, bajo el Estado de Alarma?
Créditos:
Transcripción parcial del artíoculo referido de José García Domínguez.
Transcripción parcial de la noticia de Servimedia, publicada por Libertad Digital.
“Que ha entrado en barrena la normalidad democrática en España, lamentan, en fin, los de más allá, queriéndose muy sensatos. Y todo por esa incapacidad crónica para sobreponerse al bostezo, por la ancestral desidia que les impide agotarse durante cinco minutos con la lectura del Real Decreto de marras. Y más en concreto, con la de su artículo segundo, el que define el minúsculo, insignificante, ridículo ámbito espacial afectado por el estado de alarma. Ése que reza literal: "La declaración de estado de alarma afecta, en todo el territorio nacional, a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)". Única y exclusivamente. Grande Lafargue.”
Lástima que no lo pudiera haber leído antes, porque entonces me hubiera quedado muy tranquilo durante los días nefastos de principio de diciembre: sólo las torres de control y los centros de control.
Así, me hubiera ahorrado leer los decretos y las leyes, y escribir
«El punto d del artículo dice:
“Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.”
Está claro que estos servicios no son necesariamente los que han justificado el establecimiento del Estado de Alarma que sí son mencionados en el apartado e. Por tanto, pueden ser otros. Por ejemplo, el servicio público que desarrollan empresas privadas en el ámbito de la comunicación (radio y televisión, en particular, que se ejercen en modo de concesión, y que por tanto son revocables).
Tal vez más de un gabinete jurídico de muchas empresas de radio y televisión tendrían que estar revisando con lupa los pliegos de condiciones y los contratos de concesión que les amparen, por si la letra pequeña les remite en algún momento a alguna situación de legalidad vigente en la que sus contratos ya no les amparen,… sólo Dios.»
Hasta… hasta, justo, una semana después.
El martes 21 se aprobaba una reforma de la Ley Electoral, por la que “las emisoras de titularidad privada deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales”. Y esta obligación se ampara en el hecho de que las emisoras hacen uso de concesiones de la administración por tratarse de un servicio público.
Es lo que tiene la pereza, que en seguida alguien se te adelanta, y te gana la partida.
No como los controladores, que no tienen nada de perezosos, porque habida cuenta de que el Estado de Alarma sólo afecta a las torres de control (y por tanto, la jurisdicción militar, según los comentarios que entonces se hicieron), ¿qué les mueve a irse desde su casa, por las calles o carreteras, hasta las torres de control, y, con el inicio del turno de trabajo, ponerse, voluntariamente, bajo el Estado de Alarma?
Créditos:
Transcripción parcial del artíoculo referido de José García Domínguez.
Transcripción parcial de la noticia de Servimedia, publicada por Libertad Digital.
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